CEAR Madrid lamenta la decisión tomada por el gobierno de la Comunidad de Madrid respecto a la gestión de la movilidad ciudadana, por la que se condiciona la expedición del abono de transporte público únicamente a las personas empadronadas en algún municipio de la comunidad, creando así diferentes categorías de personas. La entidad considera la medida como altamente discriminatoria y excluyente. Una medida que afecta especialmente a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas migrantes y refugiadas que ya enfrentan numerosas barreras como se denuncia en el informe «Sin barreras para nadie», y que, con restricciones en el acceso a derechos como esta, ven agravada su situación.
La medida dificulta el proceso de inclusión social de las mismas al limitar la libertad de movimiento y el acceso a servicios, provocando exclusión y segregación.
El acceso al transporte público, en igualdad de condiciones, no es un simple trámite burocrático. Negar el mismo supone dificultar el acceso a derechos fundamentales y a recursos laborales, educativos, sanitarios, culturales… Significa que una persona migrante o refugiada tendrá mayores obstáculos para hacer una entrevista de trabajo, ir al médico, estudiar o aprender el idioma, pues el transporte público se encarece sobremanera.
Una trampa burocrática que alimenta a otra
Esta medida provoca un círculo perverso. Tal y como demuestran informes como “Padrón por Derecho” o el estudio “¿Se alquila? Racismo y segregación en el alquiler de vivienda”, de Provivienda, empadronarse en la Comunidad de Madrid es ya una carrera de obstáculos: arbitrariedad en la atención en las oficinas de atención ciudadana (OAC); multiplicidad de requisitos; largos periodos para lograr una cita; o trabas constantes si se vive en habitaciones o viviendas compartidas, porque en muchas la persona propietaria no permite el empadronamiento; en otros, cuando se consigue, se hace pagando.
A ello se le suman otras cuestiones como el racismo inmobiliario. El 99% de las agencias inmobiliarias de Madrid aceptan cláusulas discriminatorias hacia personas extranjeras, según el informe de Provivienda. La trampa es clara: si quien te alquila no quiere, no puedes empadronarte, y si no te puedes empadronar, ahora tampoco puedes acceder al abono transporte y, por ende, a otros derechos y recursos fundamentales.
Por último, CEAR Madrid señala que esta medida contradice el principio constitucional de igualdad y medidas inclusivas legitimadas ampliamente por la ciudadanía como la regularización extraordinaria en marcha desde el mes de abril. Lejos de contribuir a la cohesión social generan exclusión e institucionalizan un mensaje discriminatorio y estigmatizador invisibilizando la pluralidad y diversidad de la Comunidad de Madrid.
CEAR apela a la responsabilidad política e institucional en la preservación de valores y principios constitucionales como el de igualdad y no discriminación y reclama la retirada inmediata de la medida. “El acceso al transporte público en nuestra comunidad autónoma debe ser un motor de inclusión y cohesión social, no una barrera que aísle y excluya a la población en situación más vulnerable”, señala Francisco Garrido, coordinador de CEAR Madrid.
