9 de abril, 2026

Propuestas electorales autonómicas para mejorar la protección de las personas refugiadas en Andalucía

Con motivo de las Elecciones Autonómicas en Andalucía, que se celebrarán el próximo 17 de mayo de 2026, CEAR presenta una serie de propuestas a los partidos políticos para que incorporen la mejora de la protección internacional y el respeto de los derechos de las personas solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas y migrantes en situación de vulnerabilidad como una prioridad en la agenda electoral.

En un contexto marcado por el aumento de discursos xenófobos, racistas y de odio, estas propuestas buscan reforzar la convivencia, la cohesión social y la protección efectiva de los derechos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Por ello, CEAR plantea medidas concretas para su incorporación en los programas electorales y en la acción política autonómica, desde un enfoque intercultural y de género que garantice la igualdad, la no discriminación y la atención a la diversidad de realidades.

En total, se han identificado 20 medidas que mejorarían la protección y el acceso a derechos de las personas que buscan protección en Andalucía de cara a las Elecciones Autonómicas.

Derechos básicos y acceso a recursos públicos

El acceso a derechos básicos sigue siendo un reto para muchas personas migrantes y refugiadas en Andalucía. Garantizar el empadronamiento, independientemente de la situación administrativa, es clave como puerta de entrada a otros derechos.

Las administraciones deben reforzar los servicios de información, asegurar el acceso universal a la sanidad y a los servicios financieros básicos, y reducir la brecha digital que dificulta el acceso efectivo a los recursos públicos.

Acogida y acceso a la vivienda

Contar con recursos de acogida suficientes y adecuados es fundamental para garantizar una primera atención digna a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Será necesario reforzar estos sistemas, especialmente en contextos de emergencia, desde un enfoque basado en los derechos humanos y la no discriminación.

Al mismo tiempo, el acceso a una vivienda digna continúa siendo uno de los mayores retos tras la salida de los sistemas de acogida. Por ello, resulta imprescindible impulsar políticas públicas que amplíen el parque de vivienda social, fomenten el alquiler asequible y eliminen las barreras estructurales que dificultan el acceso al mercado inmobiliario, evitando así situaciones de exclusión residencial.

Inclusión educativa e integración sociolaboral

La inclusión real pasa por garantizar el acceso a la educación y al empleo en condiciones de igualdad. Es fundamental eliminar las barreras administrativas que dificultan la escolarización y reforzar los recursos educativos, especialmente aquellos destinados a la adaptación lingüística del alumnado.

El aprendizaje del idioma y el acceso a la formación para el empleo son elementos clave para favorecer la autonomía de las personas migrantes y refugiadas. En este sentido, es necesario impulsar programas de inserción laboral adaptados, que tengan en cuenta las distintas realidades y necesidades, y que incorporen apoyos específicos como la mediación lingüística y cultural.

Sistemas de Protección y No Discriminación

Las personas en situación de mayor vulnerabilidad requieren sistemas de protección sólidos, coordinados y centrados en el respeto de los derechos humanos. Es prioritario garantizar la protección de la infancia migrante, especialmente de quienes no cuentan con referentes familiares, así como reforzar los mecanismos de detección y atención a víctimas de trata de seres humanos.

Del mismo modo, es fundamental mejorar la atención a mujeres migrantes y refugiadas que han sufrido violencias, desde un enfoque de no revictimización y teniendo en cuenta las múltiples discriminaciones que pueden atravesar. Todo ello debe ir acompañado del impulso de políticas públicas de prevención del racismo y la xenofobia, así como de la promoción de discursos responsables que favorezcan la convivencia y la cohesión social.

Coordinación Institucional y Participación Ciudadana

La coordinación entre administraciones y organizaciones sociales es clave para garantizar una atención eficaz y coherente. Solo a través del trabajo conjunto y sostenido será posible dar respuesta a las necesidades de las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas, favoreciendo su inclusión y autonomía.

Además, resulta necesario avanzar en la participación activa de las personas migrantes y refugiadas en la vida pública, promoviendo mecanismos que garanticen su implicación real en los procesos de toma de decisiones.

Conoce a fondo todas las propuestas en el siguiente enlace. 

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