Las cifras que arroja Missing Migrants, plataforma de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que monitorea el número de personas migrantes desaparecidas y fallecidas en el mar, son estremecedoras: al menos cerca de 2.500 personas perdieron la vida en el mar durante 2025 cuando se dirigían a Europa en su búsqueda de futuro mejor. Este dato supone la muerte de al menos cerca de siete personas al día como media.
Si bien según este informe el número de muertes disminuyó en cerca de 900 en comparación con 2024, la cifra continúa siendo insoportablemente alta y bajo ningún concepto debe normalizarse. Es relevante señalar, asimismo, que esta información contempla tan solo aquellas tragedias que han podido registrarse, por lo que la cifra real de muertes podría ser mucho mayor, tal y como aseguran organizaciones especializadas, entre ellas la propia OIM.
La tragedia en las rutas españolas
Si bien la OIM sitúa el número de muertes en las rutas españolas en 868, fuentes como Caminando Fronteras sugieren que la cifra superó las 3.000. De entre los naufragios registrados, al menos 591 personas desaparecieron o fallecieron en la ruta atlántica durante 2025, incluyendo a 23 niños y niñas. Por su parte, en la ruta del Mediterráneo occidental perdieron la vida al menos 277; 11 de ellas eran niños y niñas. Los meses del año también arrojan diferentes resultados, siendo enero, febrero y noviembre los más mortales en la ruta mediterránea; mientras que la ruta atlántica registró el mayor número de muertes en agosto y noviembre.
Además de los naufragios, causados en muchas ocasiones por la precariedad de las embarcaciones, las duras condiciones del entorno y la falta de acceso a comida, agua y abrigo se encuentran entre las principales causas de muertes en las rutas españolas, especialmente en la canaria. Estas cifras son un recordatorio contundente de cómo la falta de vías legales y seguras está empujando a las personas a emprender viajes cada vez más peligrosos para alcanzar la seguridad.
Cambios en las rutas
De nuevo, las rutas sufrieron importantes alteraciones durante el último año: algunas se han difuminado, mientras otras se han abierto. Por ejemplo, en la ruta atlántica las salidas desde Guinea Conakry en 2025 han reemplazado parte de las procedentes de Mauritania y Senegal. Esto puede estar relacionado con la cooperación con terceros países de origen y salida, destacando especialmente Mauritania y Senegal tras acuerdos bilaterales destinados a impedir las salidas desde ambos países. Es relevante señalar que cada nueva ruta tiende a ser más lejana y peligrosa que la anterior.
Aunque se ha observado una disminución del 62 % en las llegadas a las Islas Canarias con respecto al total de 2024, el número de personas que arribaron a las costas baleares aumentaron cerca de un 25 %, según datos del Ministerio del Interior. Sin embargo, en su conjunto, el número de personas que llegaron a la frontera sur ha disminuido en un 40 %.
En cuanto a las llegadas a Canarias, corresponden principalmente a personas de Mali, Senegal y Guinea Conakry; mientras que las llegadas a las Islas Baleares son en su mayoría de personas de Argelia y Marruecos. Todos estos países se distinguen por encontrarse en situaciones de conflicto armado prolongado, inestabilidad política o bajo violaciones generalizadas de derechos humanos.
Política de cierre de fronteras
Las políticas de la UE se encuentran entre las principales responsables de estas tragedias, donde prima el cierre de fronteras y la Europa Fortaleza, en detrimento de las vías legales y seguras que evitarían muchas de estas muertes. El Pacto Europeo de Migración y Asilo, adoptado en 2024 y que entrará en funcionamiento a partir de junio de 2026, consagra este enfoque securitario de las migraciones, basado en la contención y la externalización de fronteras a terceros países, planteando además riesgos significativos en términos de protección. Ante esta perspectiva, es fundamental que la implementación del Pacto por parte de España se realice desde un enfoque de derechos humanos, principalmente en la anunciada nueva Ley de Asilo.
Garantizar los derechos y las vidas de las personas migrantes y refugiadas ha de ser un objetivo primordial en línea con los derechos humanos y el derecho internacional. Nuestros mares no pueden continuar convirtiéndose en cementerios: por un 2026 sin más muertes evitables e innecesarias.
