Miles de personas prestaron su granito de arena para que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de personas migrantes, impulsada por los propios movimientos de personas migrantes y organizaciones sociales, irrumpiera en el debate público. La iniciativa, apoyada por más de 700 000 firmas de la ciudadanía, no logró ser tramitada a través del Congreso, pero sirvió como impulso para que el Gobierno aprobara su contenido mediante Real Decreto, respondiendo a un amplio consenso social y político.
El poder del impulso ciudadano
Esta nueva regularización de personas migrantes supone un triunfo de los derechos humanos y sociales frente a la deriva reaccionaria y autoritaria. Sin embargo, que se trate de una iniciativa impulsada desde la ciudadanía la hace aún más valiosa, demostrando que la sociedad organizada es capaz de ejercer una gran influencia política.
El acuerdo de Gobierno no es sino la cristalización de la ILP impulsada por colectivos migrantes, movimientos sociales y organizaciones que, con el apoyo de la ciudadanía, lograron llevar la iniciativa al Congreso de los Diputados en abril de 2024. A pesar de que desde entonces el desarrollo de la ILP permaneciera estancado, el gran apoyo popular ha sido un factor de presión determinante para lograr que la regularización extraordinaria fuera exitosa, aunque lamentablemente no pudo aprobarse por la vía parlamentaria por el rechazo de algunos grupos, y finalmente se hará realidad mediante Real Decreto.
El desafío de una regularización continua y estructural
Si bien esta regularización es una excelente noticia, se trata de una medida extraordinaria que resuelve sólo puntualmente la situación administrativa irregular de quienes ya se encontraran con anterioridad en el país y pudieran acreditar, al menos, cinco meses de permanencia previa.
La solución real pasa por establecer mecanismos estructurales que eviten meses y años en la irregularidad, respondiendo rápidamente a las necesidades de cada persona y a la realidad migratoria actual; lo cual es aún más importante considerando que muchas de ellas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.
La inclusión, clave para una vida digna
Medidas como esta regularización no solo favorecen a la población migrante, sino a la sociedad en su conjunto. La inclusión es una de las principales herramientas para la construcción de sociedades diversas y democráticas y, finalmente, clave para conseguir un mundo en el que todas las personas puedan vivir dignamente, en condición de igualdad y en paz.
Frente a los discursos de odio que agitan el ‘efecto llamada’ de esta regularización, los datos de anteriores regularizaciones demuestran lo contrario, ya que no se han producido un aumento significativo de llegadas irregulares. Para lo que sí han servido es para luchar decididamente contra la explotación laboral y lograr sociedades más inclusivas y cohesionadas, ya que dotan de seguridad jurídica a personas que llevan tiempo formando parte de la misma y aportando en diferentes ámbitos esenciales. Esto se traduce en una mejor inclusión laboral, más recaudación fiscal y menos economía sumergida.
¿Cuáles son los siguientes pasos?
Una vez se han iniciado los trámites para la regularización extraordinaria de personas migrantes, ahora es el momento de reclamar que se pongan todos los medios para que este proceso sea ágil y eficaz. Hay que destacar que, de momento, se trata de un texto provisional que puede modificarse a través de aportaciones e informes institucionales.
Lo que se sabe hasta ahora es que permitirá el acceso a residencia y trabajo a personas que no tengan antecedentes penales y acrediten al menos cinco meses de estancia en España o hayan solicitado asilo antes del 31 de diciembre.
Está previsto que entre en vigor a principios de abril y que las personas que quieran acogerse al proceso de regularización tengan de plazo hasta el próximo 30 de junio para solicitarlo. Una vez reciban la autorización tendrá vigencia inicial de un año y les permitirá trabajar en todo el territorio, en cualquier sector.
Se trata de un paso esencial para reconocer derechos, mejorar la convivencia y construir una sociedad más justa.
