El pasado año miles de personas alzaban la voz contra el genocidio del pueblo palestino, un ataque directo a los derechos humanos y al derecho internacional por parte de Israel, que se ha cobrado la vida de más de 70 000 gazatíes desde octubre de 2023. El comienzo de 2026 ha continuado con esta estela de violencia, haciendo patente el uso de la fuerza y la represión en el escenario global.
En este contexto, la violenta represión de las protestas en Irán, la agresión militar a Venezuela y violencia contra las personas migrantes y la ciudadanía que las apoya por parte de la ‘policía migratoria’ de EE. UU. (ICE) han agravado esta situación.
Grave represión de las protestas en Irán
El 28 de diciembre de 2025 se iniciaba una oleada de movilizaciones por parte de amplios sectores de la ciudadanía iraní como respuesta a una situación socioeconómica cada vez más crítica. Esta afectaba, entre otros, al acceso a servicios básicos como el agua y surgía de desafíos estructurales, como la dependencia de los ingresos del petróleo, el impacto del genocidio en Palestina o las sanciones económicas internacionales, especialmente de EE. UU. y la UE. Todo ello acrecentado por injerencias externas como los ataques militares israelíes y estadounidenses dirigidos, entre otros, contra centros educativos, viviendas o instalaciones médicas, y que costaron la vida a más de 1.100 personas.
A esto se añaden las graves y sistemáticas vulneraciones de derechos humanos que sufre el país, especialmente contra las mujeres y personas LGTBIQA+; así como el déficit democrático, que han hecho que las demandas de los manifestantes se amplíen, reclamando mayor respeto a las libertades individuales y los derechos humanos. Las protestas han sido duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, reportándose la muerte de al menos 3.000 personas, según las autoridades iraníes. Una cifra que las organizaciones especializadas estiman muy por debajo de la realidad. Esta represión supone una restricción grave del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información, afectando a los servicios de emergencia y obstruyendo el monitoreo independiente de los derechos humanos, según ha señalado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
No se trata de la primera vez que este tipo de protestas se suceden en el país. La más reciente, en 2022, tuvo como desencadenante el asesinato de la joven kurda Jîna Emînî (Mahsa Amini) a manos de la policía de la moral, tras ser detenida por considerar que no llevaba el cabello cubierto conforme a la estricta normativa que impone el país. En 2009 también se produjeron grandes oleadas de protestas en lo que llegó a conocerse como Revolución Verde. Ambas fueron duramente reprimidas.
Bajo estas circunstancias, muchas personas se han visto obligadas a huir de Irán. A mediados de 2025, más de 214.000 personas iraníes se encontraban desplazadas fuera del país, siendo Alemania el país de mayor acogida a nivel de la UE, según ACNUR. Todo ello, siendo el principal país de acogida de la población afgana refugiada, con cerca de cuatro millones y medio de personas.
Agresión militar de EE. UU. en Venezuela
El pasado 3 de enero, Estados Unidos llevó a cabo una agresión militar en Venezuela, bombardeando la capital y otras ciudades, y secuestrando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa. Esta agresión socava la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, tal y como ha señalado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sienta un precedente peligroso que podría desestabilizar la región.
Dichas acciones se dan en un contexto en el que Venezuela enfrenta una situación económica y política compleja. Pese a la recuperación económica de años anteriores, factores externos relativos al mercado del petróleo y las sanciones de EE. UU. han disparado el coste de bienes esenciales. El número de personas necesitadas de asistencia humanitaria rozaba los ocho millones en 2026, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Mientras, la situación de derechos humanos se deterioraba, con la restricción creciente del espacio cívico y con la criminalización de voces consideradas disidentes.
En este contexto, durante la última década, millones de personas venezolanas se han visto obligadas a abandonar su hogar en busca de seguridad, estabilidad y oportunidades. A finales de 2025, cerca de siete millones de personas se encontraban desplazadas fuera del país, siendo la primera nacionalidad a nivel global, según ACNUR. España es el principal país de acogida de población venezolana en la UE, que en 2025 siguió siendo la primera nacionalidad entre las personas solicitantes de asilo, con casi un 60 % del total de solicitudes presentadas.
Violenta persecución y criminalización de personas migrantes en EE. UU.
El ICE, la ‘policía migratoria’ de EE. UU., se ha convertido en un instrumento clave en la política de persecución y deportación de las personas migrantes en el país. A pesar de haber sido creado hace más de 20 años, su desproporcionado uso de la fuerza ha ido en aumento durante el último Gobierno, conmocionando a buena parte de la opinión pública global.
Tan solo durante las últimas semanas, sus redadas masivas han incluido el asesinato a tiros de dos personas, mientras las violentas detenciones de personas percibidas como en situación administrativa irregular han incluido a niños y niñas de hasta cinco años, a quienes en ocasiones se han utilizado para detener a adultos. Las detenciones, producidas en muchas ocasiones en la calle, están siendo ampliamente documentadas por periodistas y por la propia ciudadanía, constatando el uso sistemático de la violencia y las armas.
Frente a ello, la respuesta ciudadana ha sido masiva y ha visibilizado la solidaridad con las comunidades migrantes y racializadas que se ha autoorganizado para proteger a sus vecinas y vecinos, y manifestar su rechazo en las calles, como en el caso de las protestas de los últimos días en Minneapolis.
Los derechos humanos, en peligro
En este contexto global el respeto del derecho internacional y de los derechos humanos deben guiar la actuación de la comunidad internacional, de la UE y de España. La resolución pacífica de los conflictos debe ser, por lo tanto, la que guíe las relaciones internacionales y domésticas de cualquier Estado. A su vez, es fundamental respetar la prohibición del uso de la fuerza y de la injerencia en los asuntos de otros Estados soberanos.
Garantizar el respeto de la legalidad internacional es vital para un mundo donde nadie tenga que huir para defender su vida y todas las personas puedan vivir seguras y en paz.
