Más de 110 organizaciones instan a miembros del Parlamento Europeo a votar contra el Reglamento de Retorno

Un total de 110 organizaciones antirracistas, entidades sociales y de derechos humanos de todo el Estado han firmado una carta dirigida a miembros del Parlamento Europeo en la que alertan del impacto que el Reglamento Europeo de Retorno tendría en los derechos fundamentales y reclaman que no salga adelante en la votación prevista para el próximo mes de marzo. Paralelamente, las entidades impulsoras de la iniciativa, AlgoRace, Irídia y Novact, junto con CEAR y Red Acoge han remitido también una carta a la Presidencia del Gobierno solicitando que España se posicione en contra de la propuesta.

Entre las organizaciones firmantes de la carta dirigida a los europarlamentarios se encuentran, entre otras, SOS Racismo, Espacio Afro, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Médicos del Mundo, Oxfam o el Servicio Jesuita a Migrantes. En el texto, las entidades alertan de que la propuesta abre la puerta a un modelo de deportación caracterizado por la disminución de garantías legales, el aumento de la detención, afectando también a niños y niñas, y prácticas que podrían vulnerar principios básicos del Derecho Internacional, incluido el principio de no devolución.

Asimismo, entre los aspectos más preocupantes del Reglamento está la introducción de la obligación a los Estados miembros de “detectar” a personas en situación administrativa irregular. En la práctica, esto significaría el aumento de las identificaciones y detenciones por perfilamiento racial como medidas de detección.

Concretamente, el Reglamento que se está debatiendo abre la puerta a redadas policiales en espacios públicos y privados, incluyendo oficinas y centros de atención humanitaria administrados por organizaciones humanitarias. Estas redadas intensifican la normalización del perfilamiento racial: controles y verificaciones basados en la apariencia, el idioma o el origen percibido, en lugar de la conducta individual, lo que conduce a la discriminación hacia comunidades racializadas. Por otro lado, resulta preocupante el desarrollo y uso de tecnología para rastrear los movimientos de las personas y aumentar la vigilancia de migrantes indocumentadas y personas racializadas.

Listado de «países seguros» donde se vulneran derechos humanos

Las entidades advierten que estas medidas discriminatorias generan miedo y rompen los lazos sociales y comunitarios. Además, dificultan el acceso a servicios esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales. En la carta, las organizaciones expresan especial inquietud por que se permita la deportación a “terceros países seguros» (incluyendo países con dudosos estándares de protección de los derechos humanos, pero que han sido incluidos en la lista de “terceros países seguros”, como Egipto, Marruecos, o Colombia), sin que la persona tenga ningún vínculo con el país, y la creación de centros de retorno en terceros países. Además, las entidades advierten que, al tratarse de un Reglamento, el texto pasaría automáticamente a formar parte del ordenamiento jurídico de los países de la Unión tras su aprobación.

A nivel español, las entidades hacen un llamamiento a los grupos políticos del Parlamento Europeo y a la Presidencia del Gobierno, a los cuales se han dirigido a través de una carta, para que voten en contra del Reglamento.

En conclusión, en un momento de deriva racista y xenófoba en las instituciones europeas y sus Estados miembro, así como respuesta a un fenómeno global de criminalización y persecución de las personas migrantes, es fundamental mantener un compromiso firme con los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su origen y su situación administrativa, y con el Estado de derecho.