El 3 de octubre de 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por la demanda de dos jóvenes procedentes de Malí y Costa de Marfil que fueron expulsados de Melilla en agosto de 2014. Esta sentencia sin precedentes es la última prueba de que estas prácticas conocidas como “devoluciones en caliente” y habituales en la frontera sur española, son claramente ilegales y vulneran el derecho humano a solicitar asilo.
Exige a los grupos parlamentarios que reformen la Ley de Seguridad Ciudadana para poner fin a las devoluciones ilegales en las fronteras de Ceuta y Melilla.