Este operativo ilegal de inteligencia estaba destinado a vigilar, intimidar y neutralizar a organizaciones y personas críticas con el gobierno colombiano en el exterior y fue ejecutado por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002–2010).
La persecución y espionaje a CEAR se debió en gran parte al acompañamiento a personas refugiadas de Colombia y a los informes elaborados por la entidad en los que documentaba la existencia de un conflicto armado interno y la violencia política sistemática, con millones de víctimas de desplazamiento, asesinatos y desapariciones; la militarización de la vida civil, en tanto se promovió el reclutamiento de civiles como informantes y cooperantes; el debilitamiento del Estado de Derecho e impunidad, puesto que desde el gobierno se autorizaron interceptaciones telefónicas y detenciones ilegales sin orden judicial, y se favoreció la impunidad sin reparar a las víctimas; la estigmatización y persecución de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos.
Querella contra el DAS
Dentro de las prácticas ilícitas sufridas por las víctimas se documentaron interceptaciones telefónicas y electrónicas ilegales, seguimientos y vigilancia a personas, obtención y uso indebido de datos personales y financieros, así como campañas de desprestigio orientadas a dividir redes de solidaridad y dificultar la financiación y la incidencia internacional de las organizaciones. Además, se constató la colaboración con estructuras paramilitares y agentes no estatales para recopilar información y amenazar a defensores de derechos humanos y personas en el exilio. Por este motivo, en 2010, CEAR interpuso en España una querella penal en representación de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, denunciando el espionaje realizado por el DAS en territorio europeo.
Este acto de reconocimiento constituye un hito en los esfuerzos por restablecer la verdad, dignificar a las víctimas y fortalecer las garantías de no repetición. Además, representa una reafirmación del compromiso de las autoridades colombianas con la rendición de cuentas, la protección de las víctimas y la consolidación de un marco democrático que prevenga la repetición de violaciones derechos fundamentales. Por ello, CEAR agradece este reconocimiento, que no sólo reconoce el daño sufrido como víctima directa de dichas prácticas, sino que también refuerza su convicción de seguir trabajando por la memoria, la justicia y la protección de las personas perseguidas y desplazadas forzosamente por la violencia
“Si hay algo más grave que la persecución, que está en el origen de los desplazamientos forzados, es el hostigamiento continuo una vez que las personas han pedido protección. Denunciamos estos hechos y nos parece muy importante que se repare a las víctimas, porque el derecho a la verdad es fundamental para que existan garantías de no repetición”, destaca Mauricio Valiente, director general de CEAR.
