Durante la presentación de la jornada, CEAR remarcó que España y la Unión Europea se enfrentan a un momento decisivo. Mónica López, directora general, pidió que la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) se lidere desde los derechos humanos, en lugar de desde la securitización, apostando por solidaridad, igualdad y justicia como principios rectores. Por su parte, Elena Rodríguez, directora general de Integración y Cooperación de Asuntos Generales de la UE, subrayó que el éxito del Pacto depende de una cooperación reforzada con los países socios y de un enfoque que combine eficiencia, solidaridad y humanidad.
El debate central se dividió en dos bloques en los que se abordaron en primer lugar la situación actual y los retos de la dimensión exterior del Pacto. Abdellah El Alem, presidente fundador de Insaniya en Mauritania —organización dedicada a ofrecer asistencia jurídica—, recordó que la migración no es un fenómeno pasajero, sino una “realidad estructural”. Por eso, subrayó la necesidad de que las políticas migratorias busquen un equilibrio entre la seguridad del Estado y el respeto pleno a los derechos fundamentales, gravemente vulnerados en el caso de Mauritania.
Por su parte, Sara Prestianni, directora de incidencia política en EuroMed Rights, alertó sobre los riesgos que conllevan los conceptos de país de origen seguro y tercer país seguro. A este respecto, el PEMA introduce la posibilidad de crear listados de países por parte de la UE que podrían incluir países como Egipto, Túnez o Turquía, entre otros, en los que los derechos humanos no se respetan. Además, este sistema marginaliza el estudio individualizado de cada solicitud, en contra del derecho internacional.
Por su parte, Mercedes García, directora de la División de Migración y Seguridad Humana del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), señaló que los derechos humanos se mencionan en todos los tratados de la UE con terceros países, procurando adicionalmente que no se basen solo en la situación migratoria sino en una relación más amplia con todos los factores del país , siendo beneficiosos para ambas partes.
Carolina Mateos, oficial de protección en ACNUR España, valoró positivamente que el Pacto incluya un mecanismo independiente de monitoreo de derechos fundamentales, pero coincidió con CEAR en la necesidad de ampliar su alcance a todo el proceso migratorio, desde el triaje hasta el retorno, en lugar de restringirse solo al retorno. Recordó que estos mecanismos deben basarse en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y en el principio de no devolución, así como contar con independencia jurídica y recursos suficientes, involucrar a Defensorías del Pueblo, organizaciones internacionales y sociedad civil.
La segunda mesa de diálogo centró el debate en vías seguras, reasentamiento y recomendaciones de mejora. Entre otras, se abordó la necesidad de desarrollar leyes de asilo para luchar contra el vacío jurídico en países donde estas no existen, como en Mauritania; del impulso de los programas de reasentamiento como una de las escasas vías legales y seguras para migrar, así como los procedimientos de reunificación familiar y admisión humanitaria.
Mauricio Valiente, director general de CEAR, resumió tres mensajes clave durante el cierre de la sesión: primero, que la UE marque una “alternativa humanista frente a las políticas regresivas globales”, reafirmando su independencia y coherencia con los derechos humanos; en segundo lugar, que la acción exterior involucre y promueva una sociedad civil activa, tanto a nivel europeo como en los países socios, para garantizar vigilancia y coherencia; y por último, que se tengan en cuenta los riesgos de inseguridad jurídica si los Estados miembro no adoptan a tiempo los desarrollos normativos del Pacto, ya que las opciones nacionales deben tomarse desde los derechos humanos o no serán sostenibles.
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