Este 25N, CEAR pone el foco en esas violencias institucionales que afectan de manera específica a las mujeres migrantes y refugiadas, sus hijas e hijos, y condicionan su acceso real a la protección y a los derechos. Para poder nombrarlas y denunciarlas, es clave aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de violencia institucional.
¿Qué es la violencia institucional?
La violencia institucional es aquella que ejerce por parte de las instituciones. Según el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM), hablamos de violencia institucional machista cuando, al acudir a una institución del Estado, una mujer se encuentra con omisiones, prácticas o decisiones que obstaculizan o impiden el ejercicio efectivo de sus derechos humanos y constituyen violencias contra las mismas. Estas violencias pueden tener lugar en juzgados, comisarías, centros sanitarios, servicios sociales, dispositivos de asilo u oficinas administrativas.
Cuando una mujer es migrante o refugiada, estas violencias se complejizan. La intersección de género, origen, racismo, situación administrativa, lengua, clase social, discapacidad o estereotipos culturales multiplican las posibilidades de sufrir este tipo de violencia y obstáculos que enfrentan agravando traumas previos y afectando directamente a su salud mental y a sus proyectos de vida.
Violencias en el sistema de asilo
El sistema de asilo en algunos casos profundiza su sufrimiento debido a la lentitud de los procesos y la falta de enfoque de género e interculturalidad en los mismos. Las entrevistas a mujeres supervivientes de violencia, personas trans o no binarias, embarazadas o con discapacidad se realizan con frecuencia sin una mirada intercultural, individualizada y de género, reproduciendo dinámicas de revictimización que constituyen violencia institucional.
Además, la falta de intérpretes cualificados, y en particular de mujeres intérpretes, es otro elemento que dificulta tanto el acceso como la formalización de la solicitud de protección internacional. Desde la práctica de los equipos interdisciplinares, tanto el proceso administrativo como las gestiones vinculadas al sistema de acogida pueden resultar retraumatizantes, por ejemplo, por la necesidad de relatar la propia historia en múltiples ocasiones (formalización de la solicitud, acceso al sistema de acogida, diferentes entidades o fases del itinerario, etc.).
Violencias fuera del sistema de protección internacional
El trato recibido en ocasiones cambia según el color de piel o el acento. Esto hace que muchas madres migradas adapten su relato por miedo a que se cuestione su forma de criar; que una mujer trans evite acudir a un servicio médico por temor a ser ridiculizada o a que le asignen un género con el que no se siente identificada; o que una mujer a la que le han practicado mutilación genital pueda sentir miedo a ser examinada en un centro de salud donde se sienta incomprendida o no se respete su intimidad.
En los servicios públicos básicos, como el sistema de salud, también se identifican actitudes discriminatorias, racistas y paternalistas. Según refieren los testimonios de las mujeres que atiende CEAR, en ocasiones el trato recibido no solo no las hace sentir bien, sino que incluso las conecta con experiencias de discriminación y violencia vividas en sus países de origen por el hecho de ser mujeres. Unido a la tendencia de cuestionar la credibilidad del testimonio, refleja un sesgo que prioriza la gestión en lugar de la protección.
En los procesos de atención jurídica y social que atraviesan las mujeres migrantes y refugiadas también se observan situaciones de discriminación estructural, así como uso de lenguaje jurídico y administrativo inaccesible o información fragmentada. El miedo a la deportación de las mujeres en situación administrativa irregular dificulta que denuncien violencias machistas o abusos y que perciban estos servicios como espacios seguros. La situación administrativa suele suponer una limitación para acceder a determinados derechos y recursos, como ayudas específicas, el reconocimiento de su situación como víctimas de violencia de género o medidas de conciliación y respiro cuando tienen personas dependientes a su cargo.
Por otra parte, el mercado laboral se convierte a menudo en un espacio de racismo y segregación ocupacional, donde las mujeres migrantes y refugiadas se concentran en los sectores con los salarios más bajos, marcados por la informalidad, la falta de derechos laborales y la explotación. Además, existen graves obstáculos a la hora de acceder a cursos o empleo por la ausencia de reconocimiento de títulos o experiencia profesional.
La crisis de vivienda, una de las principales problemáticas en España, es otro de los ámbitos donde las mujeres migrantes y refugiadas se ven más perjudicadas, sufriendo un elevadísimo nivel de vulnerabilidad residencial. Esta situación las empuja incluso a asumir contextos de riesgo para ellas y sus hijos e hijas, al verse obligadas a compartir viviendas muy reducidas, sin posibilidad real de conocer o elegir a las personas con las que conviven.
La ubicación de algunas de estas viviendas en zonas aisladas, con realidades sociales complejas y/o conflictivas o con falta de servicios y recursos básicos puede, además, abocarlas a un mayor riesgo de sufrir nuevas manifestaciones de violencia de género.
El odio y la invisibilización como armas
Los discursos del odio se reproducen cada día de forma más generalizada y las mujeres refugiadas y migrantes se encuentran, una vez más, entre las más afectadas. Las mujeres musulmanas reciben un 60 % del odio en redes y las afrodescendientes un 21 %, evidenciando que son el objetivo de gran parte de estos discursos, según el Informe Anual de Monitorización del Discurso de Odio en Redes Sociales 2024. En el caso de las mujeres musulmanas, el hiyab suele ser objeto de burla y crítica, negando su autonomía y capacidad de decisión y reforzando estereotipos sexistas, racistas e islamófobos. Asimismo, los medios de comunicación tienden a retratar a las mujeres migrantes como víctimas o amenazas, lo que perpetúa estigmas sociales y limita su participación en la esfera pública y política.
La limitada participación en espacios de toma de decisiones invisibiliza la presencia y capacidad de estas mujeres. Sin representación y participación real, las respuestas institucionales siguen diseñándose con un prisma eurocéntrico que corre el riesgo de invisibilizar experiencias y conocimientos propios. Esta infrarrepresentación es consecuencia directa del patriarcado y del racismo estructural. Romper con esta estructura exige no sólo abrir espacios, sino ceder poder, redistribuir la palabra y reconocer experiencias y conocimientos sobre las violencias, el racismo y la discriminación vivida.
Cómo combatir la violencia institucional
La respuesta a los males provocados por la violencia institucional requiere de respeto a los compromisos en materia de derechos humanos y género asumidos por España, incorporando un enfoque intercultural y la perspectiva de género en las instituciones. Para ello, es necesaria la formación en derechos humanos, género, igualdad de trato y antirracismo en las instituciones y más específicamente en el sistema de protección internacional.
Por otra parte, las administraciones públicas deben contar con servicios de traducción, interpretación y mediación intercultural cualificados, asegurando además mecanismos confidenciales, independientes y multilingües de denuncia segura para todas las mujeres, incluso en situación administrativa irregular. Además, es necesario que se garantice el derecho a la atención sanitaria en igualdad de condiciones a todas las personas y asegurar la atención a niñas y mujeres migrantes. Finalmente, debe garantizarse la residencia temporal y permiso de trabajo para mujeres migrantes víctimas de violencia de género o de violencias sexuales sin la necesidad de pruebas complejas o difíciles de obtener.
Reconocer las violencias institucionales como violencias contra las mujeres es imprescindible para dejar de reproducirlas: las vidas y los proyectos de las mujeres migrantes y refugiadas y sus hijos e hijas exigen políticas públicas que garanticen derechos y protección efectiva, aquí y ahora.
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