Miles de personas se ven obligadas a huir por la violencia de las maras, pandillas especialmente virulentas en países como El Salvador, Honduras o Guatemala, que sufren tasas de homicidio similares a las que tuvieron en periodos de guerra.
Las personas solicitantes de asilo y refugiadas que viven en España se enfrentan a enormes barreras en la garantía y acceso a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Esto provoca graves situaciones de vulnerabilidad que lejos de solucionarse, siguen profundizándose, abocando a estas personas a sufrir graves situaciones de desprotección.
En los últimos meses, ha aumentado el número de personas migrantes y/o demandantes de asilo, que tratan de llegar al territorio europeo a través de la denominada frontera sur, entre ellas, muchos niños y niñas migrantes no acompañados que están viendo vulnerados sus derechos.
Los días 17 y 18 de enero celebramos en Mérida un encuentro con diversas organizaciones en el que se han acordado cinco cuestiones esenciales que los Estados deben poner en marcha para garantizar que se respeten los derechos de las personas migrantes y refugiadas en las fronteras.
CEAR lamenta que España solo ofreciera en 2017 protección en poco más de una de cada tres solicitudes que resolvió, rechazando un total de 8.675, por lo que se sitúa por debajo de la media europea, 35% frente a 45%, en el reconocimiento del derecho de asilo.
A menudo las personas refugiadas son víctimas de racismo y xenofobia cuando llegan al país de acogida, por si no se encontraran ya con suficientes piedras en su camino en forma de guerras, persecuciones, pobreza y las fronteras blindadas de Europa. Estos son algunos prejuicios que tienen que sortear en su proceso de integración.
Desde enero de 2015, más de 1 millón de personas que huían de la guerra, la persecución y la pobreza llegaron a Grecia en busca de seguridad y una vida mejor, entre ellas, más de 1.200 personas murieron o desaparecieron. En los últimos meses de 2015 y principios de 2016, algunos países establecieron políticas de admisión selectivas y arbitrarias.
Amnistía Internacional y CEAR denuncian una vez más que sigue sin haber una investigación exhaustiva del uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y piden a los grupos políticos que eliminen la norma que trata dar cobertura legal a las «devoluciones en caliente» para que esta tragedia no se repita.
Miles de personas buscan refugio para ser, sentir o amar libremente. Estos datos, de la campaña sobre #RefugiadosLGTB, muestran las amenazas a las que se exponen por su orientación e identidad de género en los países de origen, tránsito y acogida.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condena a España por la demanda de dos jóvenes procedentes de Malí y Costa de Marfil que fueron expulsados de Melilla en agosto de 2014. Esta devolución supone una violación del Protocolo 4 y del artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al tratarse de una expulsión colectiva sin posibilidad efectiva de recurso judicial.
Desde CEAR se pone de manifiesto que esta situación evidencia el estrepitoso fraude del programa de reubicación por su carácter discriminatorio en base a la nacionalidad de las personas que podían participar en el mismo
