La organización considera “muy preocupante” que se pretenda devolver a personas a un país donde sus vidas y derechos correrían serio peligro y señala que, tras cada caso, puede haber diferentes situaciones de persecución que se deben valorar en profundidad y de manera individualizada. Son personas de territorios ocupados, por lo que se deben estudiar sus solicitudes de apatridia de forma pormenorizada, como recomienda ACNUR y el Defensor del Pueblo.