Las autoridades españolas han comenzado a reconocer en el último trimestre del año 2016 la protección internacional a mujeres que habían sido víctimas de trata con fines de explotación sexual. Se trata de 12 mujeres africanas, y algunos de sus hijos menores de edad, que han contado con la asistencia jurídica por parte de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).