Denuncian que la propuesta abre la puerta a redadas policiales en espacios públicos y privados y ampliaría la detención, incluso de niñas y niños. Además, estas redadas intensifican la normalización del perfilamiento racial: controles y verificaciones basados en la apariencia, el idioma o el origen percibido, en lugar de la conducta individual, lo que conduce a la discriminación hacia comunidades racializadas. Por último, alertan de la deportación a “terceros países seguros” sin vínculo con la persona afectada y del riesgo de vulnerar el principio de no devolución.
3 de marzo, 2026